Gobierno y comunidades debaten hoy el reparto de menores migrantes no acompañados
El Gobierno ha convocado este lunes a las comunidades autónomas para acordar los criterios de reubicación de menores migrantes no acompañados, con especial atención a territorios saturados como Canarias y Ceuta. La reunión, inicialmente prevista para el 28 de abril y aplazada por un apagón eléctrico, se celebrará a partir de las 16:00 en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Un acuerdo clave para redistribuir a más de 4.000 menores
El encuentro busca alcanzar un consenso sobre la aplicación del real decreto ley aprobado por el Ejecutivo y respaldado por el Congreso, que contempla la derivación de unos 4.400 menores durante el primer año, en su mayoría desde Canarias. La Conferencia Sectorial tiene la capacidad de modificar aspectos del sistema de reparto, pero solo si se alcanza unanimidad, algo que parece difícil ante la oposición de varias autonomías.
Madrid y Aragón recurren el decreto
La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón han llevado el decreto ante el Tribunal Constitucional. Aragón, además, ha impugnado judicialmente la solicitud del Gobierno central para que las regiones informen sobre el número de menores acogidos, así como la propia convocatoria de la sectorial.
Aun sin consenso, el Ejecutivo planea avanzar con el modelo de redistribución estipulado en el decreto, estableciendo cuotas de acogida por comunidad según criterios objetivos.
Criterios de reparto regional
La fórmula de reparto propuesta contempla varios factores:
- Población (50 %)
- Renta per cápita (13 %)
- Tasa de paro (15 %)
- Esfuerzo previo de acogida (6 %)
- Capacidad estructural (10 %)
- Dispersión territorial (2 %)
- Condición de frontera o insularidad (2 % cada uno)
Prórrogas limitadas y condicionadas
El decreto también contempla la posibilidad de ampliar temporalmente la capacidad ordinaria de acogida por un año, mediante real decreto y con informe previo de la Sectorial. A partir del segundo año, cualquier ampliación requeriría el apoyo unánime de las comunidades o, en su defecto, mayoría absoluta en el Congreso. Si no se alcanza este consenso, las decisiones estatales derivadas de esta ley dejarán de ser vinculantes para las autonomías.
Fuente: EFE
