Palacio de la Hospitalidad de Bouskoura: Hassan Harir pide esclarecer las circunstancias de su demolición

Casi un año después de la demolición del Palacio de la Hospitalidad de Bouskoura, su propietario, Hassan Harir, reclama una revisión de la documentación administrativa que acompañó el desarrollo de su proyecto hotelero y de las circunstancias que rodearon su destrucción. La inversión, que cifra en 190 millones de dírhams, y las nuevas medidas administrativas adoptadas en la provincia de Nouaceur vuelven a situar el caso en el centro de la actualidad.

El expediente del Palacio de la Hospitalidad de Bouskoura, conocido popularmente como el «Kremlin» por su imponente arquitectura, vuelve a generar interrogantes. Demolido en noviembre de 2025, el palacio formaba parte de un ambicioso proyecto hotelero que combinaba alojamiento y actividades ecuestres. Ahora, nuevas informaciones sobre la gestión urbanística en la provincia de Nouaceur han devuelto el caso a la actualidad.

Según las informaciones difundidas en los últimos días, el responsable del servicio de Urbanismo de la Prefectura de Nouaceur habría sido relevado de sus funciones. La medida se produce después de otras decisiones administrativas que habrían afectado, entre otros, al pachá de la zona, en el contexto de las inspecciones realizadas por la Inspección General de la Administración Territorial, dependiente del Ministerio del Interior marroquí.

Las actuaciones inspectoras habrían incluido distintos expedientes relacionados con la gestión urbanística de la provincia, entre ellos el del Palacio de la Hospitalidad de Bouskoura. Las informaciones conocidas apuntan a cuestiones relacionadas tanto con los procedimientos administrativos que acompañaron la ejecución del proyecto como con las circunstancias en las que se decidió y llevó a cabo su demolición.

Para Hassan Harir, el objetivo ahora es que se examine el expediente en su conjunto. El propietario considera necesario revisar la documentación presentada durante las distintas fases del proyecto y analizarla junto con las decisiones administrativas que desembocaron en la demolición.

Conviene precisar que el informe completo de la Inspección General de la Administración Territorial no se ha hecho público. Por tanto, no es posible confirmar todas las conclusiones que se le atribuyen ni determinar con precisión las posibles responsabilidades.

Una inversión de 190 millones de dírhams con vocación hotelera

Detrás del sobrenombre de «Kremlin de Bouskoura» había un proyecto que su promotor presenta como una inversión hotelera de gran envergadura.

Sobre una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, Hassan Harir afirma haber destinado cerca de 1.900 millones de dírhams marroquíes en céntimos —19.000 millones de céntimos, equivalentes a 190 millones de dírhams— a la construcción del Palacio de la Hospitalidad.

El proyecto estaba concebido como un complejo hotelero que incorporaba un espacio dedicado a los caballos árabes, su cría y exhibición. Según su promotor, también aspiraba a atraer a una clientela internacional, especialmente profesionales y visitantes procedentes de los países del Golfo.

Las obras se prolongaron durante aproximadamente seis años. Hassan Harir sostiene que el palacio estaba prácticamente terminado y que su apertura estaba prevista para apenas 25 días después de la intervención de las autoridades que condujo a su demolición.

Más allá de las pérdidas materiales y económicas que afirma haber sufrido, el propietario quiere conocer las circunstancias administrativas y jurídicas que llevaron a la destrucción de un proyecto en el que asegura haber invertido varios años de trabajo y recursos económicos considerables.

Documentación registral y arquitectónica presentada por el propietario

Durante los contactos mantenidos con Hassan Harir, la redacción ha podido examinar varios documentos relacionados con el terreno y el expediente arquitectónico del proyecto.

Entre ellos figura un certificado de propiedad expedido el 20 de enero de 2020 por la Agencia Nacional de Conservación de la Propiedad Inmobiliaria, del Catastro y de la Cartografía de Marruecos. El documento corresponde al título registral número 63/153523 y se refiere a una parcela de una hectárea y media.

El expediente incluye asimismo una página de la documentación arquitectónica con la firma del arquitecto, fechada el 29 de julio de 2021, así como un visado de conformidad de la Agencia Urbana fechado el 28 de julio del mismo año. También aparece la firma del entonces presidente de la comuna de Bouskoura, estampada el 6 de agosto de 2021, bajo la referencia GUbsk-0245/2021.

Estos documentos constituyen elementos relevantes para reconstruir el recorrido registral y arquitectónico del proyecto. Reflejan la existencia de trámites administrativos y de intervenciones institucionales durante las fases de preparación.

Para Hassan Harir, estas piezas deben formar parte de una revisión global del expediente, de modo que cada una de las etapas administrativas pueda valorarse a partir de la documentación disponible.

Hassan Harir: «No habría emprendido un proyecto de esta envergadura sin las autorizaciones necesarias»

En declaraciones a la redacción, Hassan Harir afirma que puso en marcha el proyecto siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes y apoyándose en la documentación que asegura haber obtenido de los servicios competentes.

El propietario recuerda los distintos contactos y gestiones realizados ante las autoridades y señala que en 2021 se elaboraron planos y documentos con los correspondientes visados administrativos.

Harir sostiene que nunca habría comprometido una inversión de esta magnitud sin disponer, según su versión, de los documentos y autorizaciones necesarios.

Su petición actual se centra en que se examine íntegramente la documentación que acompañó la ejecución del proyecto, así como las decisiones y los procedimientos que condujeron a su demolición.

La cuestión de fondo es si los documentos presentados por el propietario, las autorizaciones tramitadas durante el desarrollo del proyecto y las decisiones administrativas posteriores fueron examinados conjuntamente antes de la intervención que terminó con la destrucción del palacio.

Es precisamente sobre este punto donde Hassan Harir reclama explicaciones.

El seguimiento arquitectónico, otro elemento que requiere aclaraciones

La intervención del arquitecto que participó en las primeras fases del proyecto constituye también un aspecto que conviene documentar.

Los documentos examinados acreditan su participación en la preparación del expediente arquitectónico en 2021. Por otra parte, informaciones publicadas sobre el caso señalan que habría dejado de supervisar las obras en junio de 2022, después de advertir diferencias entre los trabajos ejecutados y los planos inicialmente aprobados.

También se ha mencionado una declaración relativa al cese de su intervención profesional. Las circunstancias exactas de este cambio, la fecha en la que se formalizó el final de su misión y sus consecuencias sobre el seguimiento técnico de las obras requieren una explicación más detallada.

La versión del arquitecto y el examen de los documentos relativos a su encargo permitirían comprender mejor esta etapa, sin anticipar conclusiones sobre las responsabilidades de los distintos participantes.

Las condiciones de la demolición, bajo el foco jurídico

Más allá de las autorizaciones que acompañaron la construcción del palacio, las condiciones de su demolición constituyen otro de los aspectos fundamentales del expediente.

La legislación marroquí en materia urbanística, en particular la Ley 12.90 de Urbanismo, modificada y completada, entre otras disposiciones, por la Ley 66.12, regula los mecanismos de constatación de infracciones, la elaboración de actas y las medidas que pueden adoptarse respecto a las construcciones afectadas.

Los artículos 65 a 68, así como el artículo 70, contemplan distintos procedimientos relativos al control de las obras, la constatación de infracciones, su posible regularización y la demolición en los supuestos y condiciones establecidos por la ley.

En este contexto, el análisis del expediente exige comparar las autorizaciones iniciales y sus posibles modificaciones con las obras efectivamente ejecutadas. También requiere examinar las decisiones administrativas, las actas y los fundamentos jurídicos en los que se apoyaron las autoridades para llevar a cabo la demolición.

La cuestión no consiste únicamente en determinar qué documentos acompañaron la construcción del palacio, sino también en esclarecer si todas las fases del procedimiento que condujo a su destrucción respetaron las garantías previstas en la normativa.

Hassan Harir reclama una revisión integral del expediente

Las nuevas informaciones sobre las medidas administrativas en la provincia de Nouaceur devuelven actualidad a un caso que sigue planteando interrogantes sobre el recorrido administrativo del Palacio de la Hospitalidad y las circunstancias de su demolición.

Para el propietario, resulta esencial que se examinen todos los elementos: el título de propiedad, la documentación arquitectónica, los visados administrativos, las autorizaciones que pudieron concederse, el seguimiento de las obras y las decisiones que desembocaron en la demolición.

La publicación de las conclusiones completas de la Inspección General de la Administración Territorial, junto con el acceso a la documentación administrativa y judicial relacionada con el expediente, permitiría ofrecer respuestas más precisas y distinguir las posibles irregularidades vinculadas a la ejecución del proyecto de aquellas que pudieran afectar al procedimiento de demolición.

Por el momento, los elementos disponibles no permiten establecer conclusiones definitivas sobre las responsabilidades de los distintos intervinientes. Sin embargo, la petición de Hassan Harir es clara: que se lleve a cabo un examen completo y transparente de un proyecto en el que afirma haber comprometido una inversión considerable y varios años de trabajo.

El caso del Palacio de la Hospitalidad de Bouskoura trasciende así el destino de una inversión hotelera. También plantea cuestiones sobre la transparencia de los procedimientos administrativos, la seguridad jurídica de las inversiones y el respeto de las garantías legales cuando se ejecuta una decisión de demolición.