HRW denuncia que EE. UU. negó la posibilidad de asilo a 299 migrantes expulsados a Panamá
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles en un informe que Estados Unidos impidió que los 299 migrantes expulsados a Panamá en febrero pudieran solicitar asilo, a pesar de que muchos de ellos advirtieron sobre los peligros que enfrentaban al regresar a sus países de origen. La organización también destacó que ahora corresponde a Panamá garantizar su protección.
El informe titulado “A nadie le importó, nadie nos escuchó”, detalla las violaciones de los derechos al debido proceso y a la solicitud de asilo de estos migrantes, así como las condiciones de detención y los malos tratos que sufrieron en suelo estadounidense. Según HRW, estas expulsiones colectivas contravienen el derecho internacional y deben ser reparadas, permitiendo el regreso de las personas expulsadas para que puedan solicitar asilo si cumplen con los requisitos.
El informe también señala las difíciles condiciones en Panamá, donde los migrantes fueron detenidos en régimen de incomunicación, sin acceso a teléfonos, visitas bloqueadas y aislamiento total. Además, se destaca que muchos de estos migrantes provenían de países con los que Panamá no tiene vínculos culturales o lingüísticos, como Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Irán, Pakistán, Rusia, Somalia y Sri Lanka, lo que aumentaba su vulnerabilidad.
Testimonios de migrantes
HRW entrevistó a 48 de los migrantes afectados, incluyendo a Zain, un iraní de 33 años, quien relató cómo fue expulsado con esposas y cadenas. “Me pusieron cadenas en la cintura, fue realmente doloroso, especialmente porque mis hijos y mi esposa estaban allí”, contó.
Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW, criticó la actuación de EE. UU., al considerar inaceptable enviar a personas encadenadas a un país desconocido sin permitirles solicitar asilo. “Tanto EE. UU. como Panamá tienen la obligación de garantizar un proceso de asilo justo”, afirmó.
Panamá como país ‘puente’
El proceso comenzó en febrero cuando, en virtud de un acuerdo con EE. UU., Panamá se convirtió en el país de tránsito para la repatriación de los migrantes. De los 299 migrantes, 188 decidieron regresar voluntariamente a sus países, mientras que 111 se negaron. Tras varias semanas de alojamiento en un hotel en la Ciudad de Panamá, los migrantes que rechazaron la repatriación fueron trasladados a un albergue cerca de la frontera con Colombia.
El gobierno panameño, en respuesta a la situación, otorgó un permiso humanitario temporal a los migrantes, pero las organizaciones de derechos humanos siguen alertando sobre la falta de un apoyo logístico adecuado para su situación.
Responsabilidad de Panamá
Frelick subrayó que Panamá tiene ahora la responsabilidad de proteger a estos migrantes, comenzando por garantizarles un proceso de evaluación justo y completo de sus solicitudes de asilo. La legislación panameña, sin embargo, presenta un desafío, ya que no establece plazos específicos para resolver estas solicitudes, lo que ha ocasionado retrasos significativos, con respuestas que, según datos de la ACNUR, pueden tardar más de tres años en promedio.
