Bolaños declara en Moncloa ante el juez por el nombramiento de una asesora de Begoña Gómez
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado este miércoles en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, quien se desplazó nuevamente al Palacio de la Moncloa en el marco de la investigación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La comparecencia coincide con el primer aniversario del inicio de la causa.
Esta es la segunda vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acude a Moncloa para interrogar a un alto cargo del Ejecutivo. Ya lo hizo el 30 de julio del año pasado, cuando citó a Pedro Sánchez, quien se acogió a su derecho legal a no declarar al tratarse de una causa que afecta a un familiar directo.
Declaración en Semana Santa y en un contexto judicial complejo
La declaración de Bolaños, realizada en plena Semana Santa, se centra en esclarecer los motivos y circunstancias del nombramiento de Álvarez en 2018, cuando él ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno. El juez Peinado sospecha que podrían existir indicios de malversación de fondos públicos en dicho nombramiento, vinculado a la asistencia a la agenda de Begoña Gómez.
Bolaños solicitó que su testimonio fuera por escrito, alegando su posición institucional actual, pero el juez lo denegó, argumentando que en el momento de los hechos investigados todavía no era ministro.
Polémica con el desplazamiento del juez
El juez Peinado llegó a Moncloa en un coche oficial proporcionado por el Ministerio de la Presidencia, después de haber manifestado previamente su malestar por las demoras sufridas en su anterior desplazamiento al complejo presidencial. En una providencia reciente, el magistrado consideró innecesaria la presencia de un agente policial en el vehículo, estableciendo que podría acompañar a la comisión judicial solo hasta Plaza de Castilla, pero no hasta Moncloa.
Evolución del caso y primeras imputaciones
La causa, que cumple ahora un año, se extenderá al menos seis meses más. En este periodo, el número de investigados ha ascendido a cinco, entre ellos la propia Begoña Gómez, imputada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Junto a Gómez figuran también como investigados: Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño Juan José Güemes, actual directivo del Instituto de Empresa.
Multas por divulgar información del proceso
En paralelo, el juez ha sancionado con 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez, y con 500 euros a los representantes legales de las acusaciones populares de Vox y Hazte Oír, por haber facilitado información a la prensa sobre declaraciones realizadas en el juzgado.
El magistrado abrió una pieza separada el 20 de diciembre para estudiar posibles sanciones por vulnerar el deber de confidencialidad recogido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la declaración de Gómez como investigada el pasado 18 de diciembre.
Según el auto judicial, se trató de una conducta reiterada pese a las advertencias explícitas del juez, lo que motivó la apertura de esta nueva línea sancionadora, que podría conllevar multas de hasta 10.000 euros.
